Bajo el régimen del general Porfirio Díaz (1877-1911), México había logrado altas tasas de crecimiento económico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y de una creciente dependencia hacia el exterior. La ausencia de espacios para la participación política, la injusticia social para con los trabajadores del campo y la ciudad, así como la concentración de la tierra en manos de unos cuantos hacendados, serían el caldo de cultivo para la reacción que transformó al país.
La Revolución mexicana de 1910 constituyó un movimiento armado que trastocó el orden de cosas existentes para dar paso a un nuevo régimen, con la promulgación de la Constitución de 1917, primera en el mundo en incorporar reivindicaciones agrarias y sociales. México tenía entonces que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a las condiciones imperantes en ese momento.
El PNR sería, en consecuencia, la institución más poderosa para la competencia política, y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público; así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social. Concebido como un partido de masas y tutelar de los derechos de los trabajadores, ante el creciente ascenso de las movilizaciones populares que reclamaban una mayor participación en los asuntos del Estado y una más equitativa distribución de la riqueza, se crea en 1936 la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y dos años después, la Confede ración Nacional Campesina (CNC).
Más adelante, en 1943, se constituiría la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), con lo que el partido configuraría una estructura representativa de los sectores obrero, campesino y popular.
En esa época crecían y se multiplicaban en la tierra los regímenes comunistas y de fascistas, los nazis provocaban la Segunda Guerra Mundial. Con un gobierno cohesionado y fuerte, el progreso que se alcanzó durante esos años permitió contar con servicios cada vez más extendidos en materia sanitaria y de asistencia social; se pasó del latifundio, a la comunidad ejidal y a la pequeña propiedad agrícola y se construyó una amplia red de carreteras; se creó la organización sindical y se garantizó el reconocimiento de los derechos obreros, un estatus jurídico para los empleados y la institución de pensiones civiles de retiro; se pasó de la empresa capitalista de transportes, a la cooperativa de trabajadores; del desvalimiento de las clases trabajadoras, al seguro social; de la explotación de las riquezas por intereses extranjeros, a la incorporación de esas riquezas al patrimonio nacional; del crédito usurero e insuficiente a los bancos agrícolas y ejidal; del ejército reclutado a la fuerza, pasando por el soldado revolucionario, al servicio militar por conscripción; y a la creación de centros escolares cada vez más numerosos y mejor equipados.
Con el PRI en el gobierno y su compromiso con el destino democrático del país, fue posible superar las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha que aparecieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, de la Guerra Fría. México se ponía al día con las tendencias en la participación democrática del mundo; en 1947 al reconocer el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección. Un nuevo paso hacia delante hacía necesario llevar la pluralidad de partidos a su expresión política en la conformación del gobierno; el trayecto se inició en 1963 con los diputados de partido, a fin de asegurar que fuerzas políticas prioritarias accedieran al Congreso y con ello se fortalecieran, enriqueciendo la vida política del país. Nuevamente el PRI vislumbró ese sendero y fue quien lo llevó a la práctica.
El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los años cincuenta y durante la década de los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado y estaba más alerta de sus derechos.
Todo ello mostraba que el régimen político requería reformarse para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría. El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. A partir de entonces se encauza la resistencia política por la legalidad y los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público.
La iniciativa priísta tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial, con serio riesgo para su legitimidad. La propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraban en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de los derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia.
El PRI conciliaba voluntades diversas en el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida legalmente. Frente a la crisis electoral de 1988, en la que actuaban fracciones desprendidas del partido, el PRI supo entender nuevamente la necesidad de ajustes. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral, y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.
En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios del caudillismo de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas. El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas han estado sujetos a revisión en los términos de las leyes y han respondido por ello. Como partido, el PRI luchó por una mejor vida democrática a través de las normas. Así se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a formar los rasgos autoritarios en el régimen político.
La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados. El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando, por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México.
La democracia no tiene fecha de nacimiento entre nosotros. Ha sido y es un proceso largo y trabajoso. El PRI ha acreditado en los hechos y décadas su compromiso por la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el propio ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo. En el mundo actual la exigencia de la democracia es la llave de la cooperación internacional.
La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para doblegar resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático y porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI , la alternancia ocurrió sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Aceptamos que en la democracia se gana o se pierde. Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI .
Lo que se venció y se dejó a un lado fue el peligro del totalitarismo, de un partido de Estado, de la exclusión de los gobiernos civiles, de la negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia.
Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura, de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia del régimen político. En todo ello ha sido fundamental el papel institucional que las fuerzas armadas de nuestro país han jugado a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI . Sin su compromiso y lealtad a las instituciones, sin su labor en los distintos ámbitos de la vida social, el desarrollo político de nuestro país hubiera sido muy distinto. Sin duda, los priístas hemos cometido errores, pero el partido optó por la democracia y cerró las opciones que hubieran significado costos más altos para todos. Porque ya había democracia, México no tuvo que pasar por una transición, y eso no es obra de la casualidad; así lo entendió e impulsó el PRI.
Ratificamos el fortalecimiento del sistema de división de poderes; asimismo seguiremos impulsando la integración a los congresos federal y locales de las minorías políticas que tengan sustento popular, mediante el sistema de representación proporcional, que permite otorgar el espacio político que democráticamente les corresponda a las diversas corrientes de pensamiento que conforman el mosaico ideológico de la nación mexicana.
El PRI reivindica su contribución a la democracia; se asume como su principal promotor y compromete su visión para apoyar nuevas reformas que impulsen la democracia, la gobernabilidad y el compromiso social del Estado, así como para afirmar la realización más plena posible de la soberanía, porque ella da su vía de expresión al Estado nacional mexicano.
La perspectiva del porvenir pasa por la insistencia en los afanes democráticos a través de la consolidación de los partidos y de una competencia por el poder que privilegie la confrontación y la contrastación de propuestas entre las fuerzas políticas y ajuste el papel e influencia del gasto en propaganda; la tarea de gobierno habrá de encontrar un andamiaje legal que le sea propicio, al tiempo que se deberá trabajar en un diseño que permita fincar nuevas capacidades de realización hacia el Estado social, que es la gran deuda del siglo XX , con todo y los avances que significaron los derechos sociales y las instituciones creadas para cumplirlos.
El PRI propone una visión del Estado que se deriva de los afluentes que han orientado su devenir: el liberalismo de la Reforma , la política social, el nacionalismo, el compromiso por una vida normada por el derecho y la democracia. El PRI se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que cree opciones diferenciadas de desarrollo y que permita que el individuo elija entre alternativas diferentes, y así ejerza cabalmente su libertad.
El PRI postula un Estado social, un Estado con un claro compromiso con la justicia social, que se empeña en construir las mejores vías para superar los abismos de desigualdad entre grupos sociales, regiones o grupos étnicos; un Estado social que asume como la más grave injusticia la desigualdad fincada en la exclusión, la marginación, y la falta de oportunidades; un Estado social empeñado en crear mejores posibilidades de desarrollo y opciones de superación para quienes mayor rezago enfrentan; un Estado social que se rebela a la idea de admitir como destino la pobreza para cualquier grupo de la sociedad y que busca recrear las condiciones de desarrollo de la nación. De ahí la vigencia de los valores expresados en el lema del partido: Democracia y Justicia Social.
El PRI considera que el nacionalismo es expresión de la voluntad humana para vivir en comunidad, el derecho a poseer una identidad propia y a disfrutar de los recursos de un determinado territorio. El nacionalismo mexicano ha unido a los habitantes del país, incluso por encima de ideologías, ya que se sustenta en un pasado vivido en común, en una historia que se construyó en la lucha contra las intervenciones extranjeras, en la defensa de la soberanía del Estado y en un proyecto de país surgido de una revolución que se propuso hacer de México un país más justo y en virtud de ello reclamó para sí los recursos naturales.
Los símbolos patrios son la expresión misma de nuestro nacionalismo y de nuestras raíces, nos pronunciamos por el respeto que éstos merecen dentro de la ley y por su defensa en contra de las expresiones publicitarias que los denigran y los pervierten.
Cada nacionalismo tiene su propia historia y expresión. México, a diferencia de otros países, nunca pretendió fundarse en la expansión colonial, expandir su territorio o exportar sus principios. El nacionalismo mexicano ha sido, y deberá seguir siendo, pacifista, sin exclusivismos y respetuoso de la diversidad y, a la vez, celoso de la soberanía y opuesto a las hegemonías. Es el nacionalismo que emana de la Revolución mexicana. Ese nacionalismo y su expresión, sin embargo, debemos llevarlo hacia delante, confrontarlo con la coyuntura y con la vida misma en la que la nación está envuelta. Por ello, el PRI se propone avanzar en la construcción de un Nacionalismo Democrático. Este deberá insistir en la vigencia de la Constitución Mexicana como una dinámica de cambio inconclusa, ya que existen muchas demandas insatisfechas.
El partido deberá realizar una autocrítica de los errores del pasado, pero asumiendo la defensa de principios y demandas revolucionarias que siguen esperando su realización en el México actual. El Nacionalismo Democrático define y defiende que, sin hostilidades ni exclusivismos, se privilegie la comprensión y solución de los problemas nacionales, y se asuma cabalmente la defensa de nuestra independencia política y económica. En conclusión, los priístas entendemos por Nacionalismo Democrático el cuerpo ideológico que conjuga la libertad, la igualdad, la democracia y la defensa de la soberanía.
Un nuevo nacionalismo incluyente, moderno, firme en la defensa de los intereses populares y nacionales. En suma, el pri reivindica la aportación y capacidad que hacia el futuro otorgan cuatro afluentes principales: el pensamiento democrático-liberal, la justicia social, el orden jurídico como principio de la convivencia civilizada y el nacionalismo. En ese sentido, la visión del PRI hacia el Estado es por uno de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y cuya acción siempre esté basada en el derecho; en un Estado que honre la Constitución General de la República como la máxima expresión de la soberanía y del acuerdo político. Un Estado que se realice en la Constitución y una Constitución que se realice a través del Estado.
El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los años cincuenta y durante la década de los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado y estaba más alerta de sus derechos.
Todo ello mostraba que el régimen político requería reformarse para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría. El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. A partir de entonces se encauza la resistencia política por la legalidad y los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público.
La iniciativa priísta tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial, con serio riesgo para su legitimidad. La propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraban en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de los derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia.
El PRI conciliaba voluntades diversas en el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida legalmente. Frente a la crisis electoral de 1988, en la que actuaban fracciones desprendidas del partido, el PRI supo entender nuevamente la necesidad de ajustes. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral, y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.
En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios del caudillismo de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas. El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas han estado sujetos a revisión en los términos de las leyes y han respondido por ello. Como partido, el PRI luchó por una mejor vida democrática a través de las normas. Así se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a formar los rasgos autoritarios en el régimen político.
La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados. El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando, por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México.
La democracia no tiene fecha de nacimiento entre nosotros. Ha sido y es un proceso largo y trabajoso. El PRI ha acreditado en los hechos y décadas su compromiso por la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el propio ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo. En el mundo actual la exigencia de la democracia es la llave de la cooperación internacional.
La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para doblegar resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático y porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI , la alternancia ocurrió sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Aceptamos que en la democracia se gana o se pierde. Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI .
Lo que se venció y se dejó a un lado fue el peligro del totalitarismo, de un partido de Estado, de la exclusión de los gobiernos civiles, de la negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia.
Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura, de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia del régimen político. En todo ello ha sido fundamental el papel institucional que las fuerzas armadas de nuestro país han jugado a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI . Sin su compromiso y lealtad a las instituciones, sin su labor en los distintos ámbitos de la vida social, el desarrollo político de nuestro país hubiera sido muy distinto. Sin duda, los priístas hemos cometido errores, pero el partido optó por la democracia y cerró las opciones que hubieran significado costos más altos para todos. Porque ya había democracia, México no tuvo que pasar por una transición, y eso no es obra de la casualidad; así lo entendió e impulsó el PRI.
El proceso que culminó en un ciclo hacia la democracia plenamente competitiva, con un sistema plural de partidos, mostró el arribo de un destino diseñado por la Constitución de 1917 al definir a México como una República representativa, democrática y federal. En ese sentido, el PRI cumplió con el proyecto de la Revolución mexicana al comprometerse con el destino democrático que ésta se había propuesto alcanzar. El Partido Revolucionario Institucional luchará permanentemente por la preservación del régimen republicano, democrático, representativo y federal, sustentado en las hazañas históricas liberales plasmadas en nuestra Carta Magna
El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los años cincuenta y durante la década de los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado y estaba más alerta de sus derechos.
Todo ello mostraba que el régimen político requería reformarse para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría. El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. A partir de entonces se encauza la resistencia política por la legalidad y los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público.
La iniciativa priísta tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial, con serio riesgo para su legitimidad. La propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraban en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de los derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia.
El PRI conciliaba voluntades diversas en el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida legalmente. Frente a la crisis electoral de 1988, en la que actuaban fracciones desprendidas del partido, el PRI supo entender nuevamente la necesidad de ajustes. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral, y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.
En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios del caudillismo de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas. El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas han estado sujetos a revisión en los términos de las leyes y han respondido por ello. Como partido, el PRI luchó por una mejor vida democrática a través de las normas. Así se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a formar los rasgos autoritarios en el régimen político.
La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados. El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando, por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México.